
PACTO NACIONAL POR LA JUSTICIA DE GÉNERO.
Para combatir y erradicar la injusticia, la discriminación, la desigualdad, favorecer el acceso a la justicia de las mujeres y transversalizar la perspectiva de género en la judicatura del Estado mexicano, en 2010 la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) adoptó el “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género”, el cual demostró ser un instrumento fundamental para hacer permear de manera eficaz la perspectiva de género, tanto en el quehacer jurisdiccional, como en las políticas institucionales.
En los años subsecuentes, se desarrollaron avances importantes en el ámbito de la justicia con perspectiva de género, entre ellos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, que además de reafirmar la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Fundamental, sumó a éstos, aquellos reconocidos en los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, instrumentos que ahora se conciben como piezas del sistema jurídico mexicano, llamados a ser vinculantes en el ámbito interno.
Desde el Máximo Tribunal en el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, se interpretó el contenido y alcances de la obligación de juzgar con perspectiva de género, de lo que dan cuenta la multiplicidad de criterios que han emanado del Pleno y las Salas del Alto Tribunal. A lo anterior cabe añadir la evolución de los estándares internacionales de derechos humanos en materia de género. Además de la publicación en 2013 del Protocolo para juzgar con perspectiva de género, actualizado por la versión de 2020 con una concepción mucho más amplia de sus alcances e implicaciones.
Así también, la implementación de acciones afirmativas en los órganos jurisdiccionales a fin general una mayor participación de las mujeres, así como en la aplicación del principio de paridad, en particular en el Poder Judicial de la Federación, que dieron lugar a una mayor presencia de mujeres en los cargos de Jueza de Distrito y Magistrada de Circuito.
La pandemia por el virus SARS-CoV-2, impuso nuevos retos a la atención de los casos de violencia contra las mujeres y a la par visibilizó los obstáculos subsistentes para garantizar el pleno acceso de la justicia a las mujeres.
En ese contexto, el 5 de julio de 2021, presenté ante el seno del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la iniciativa de reforma al “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género”. Aprobada la propuesta y con el objetivo de diseñar el nuevo pacto en el seno de la AMIJ se creó la Comisión de Renovación del Pacto Nacional para Consolidar la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justica en México, integrada por una representante de cada uno de los apartados, quienes nos dimos a la tarea de redactar un nuevo instrumento el Pacto Nacional por la Justicia de Género (https://pactonacionalporlajusticiadegenero.org.mx/) (liga de consulta).
El Pacto reafirma el compromiso de la AMIJ para coadyuvar a hacer efectivo el derecho de acceso a una impartición de justicia igualitaria y libre de toda discriminación para las niñas, adolescentes y mujeres; la generación de ambientes laborales libres de violencia al interior de los órganos de impartición de justicia, bajo tres líneas estratégicas:
Institucionalizar la perspectiva de género,
Juzgar con perspectiva de género y
Transversalizar la perspectiva de género.
Para su cumplimiento, establece mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, teniendo así la capacidad de reflejar los avances en la adopción de la perspectiva de género en las resoluciones jurisdiccionales, la eficiencia de los procesos de cumplimiento normativo y jurisprudencial en la materia.
A fin de impulsar la materialización de los compromisos que derivan del Pacto Nacional por la Justicia de Género se creó el Comité de Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas, cuyas acciones de cumplimiento iniciaron con el desarrollo de un diagnóstico de la situación los órganos que conforman la AMIJ, respecto de cada una de las líneas estratégicas y acciones que establece el Pacto.
Es así como dentro del citado Comité se diseñó el Mecanismo para la implementación del Pacto Nacional por la Justicia de Género (Mecanismo), conformado por 121 reactivos. Los primeros 11 identifican al órgano jurisdiccional y los 110 restantes manifiestan seis tipos de indicadores desarrollados en concordancia con el contenido capitular del Pacto:

Recolección, análisis de la información y elaboración del diagnóstico general y por apartados.
Para la recolección de información del Mecanismo de Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas, se utilizó un software de administración de información que cada una de las representantes socializó con los integrantes de su apartado.
Con la participación de un total de 121 órganos jurisdiccionales, el 97% de los integrantes de la AMIJ, que desagregada se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 1.
Fuente: Diseño propio, con los resultados de la participación de los apartados de la AMIJ en el Mecanismo para la implementación del Pacto Nacional por la Justicia de Género.
Resultados del Mecanismo para la implementación del Pacto Nacional por la Justicia de Género. Análisis del diagnóstico y diseño de la agenda.
La información recolectada (de fuente directa) nos permitió aproximarnos con mayor certeza a la situación de los órganos jurisdiccionales participantes y contar con un diagnóstico general del porcentaje de cumplimiento del Pacto, así como de las áreas de oportunidad y desafíos que se enfrentan en esa ruta.
De cara a los resultados, las representantes profundizaron en el análisis de la información que derivó en un diagnóstico por apartado, presentados durante la 4ª sesión del Comité de Seguimiento y Evaluación:

Fuente: 4ª sesión del Comité de Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas. 22 de septiembre de 2022.
Los diagnósticos constituyeron la base para los planes de trabajo que diseñaron las integrantes del Comité, con un cronograma de actividades que concluye en 2024, priorizando la atención de los puntos críticos y sobre todo su articulación en las agendas y planes de trabajo de los órganos jurisdiccionales.
Los referidos planes de trabajo se presentaron durante la 5ª Sesión del Comité de Seguimiento y Evaluación:
Desde el Comité y conforme a los compromisos diseñados en el Pacto, impulsamos el cumplimiento de los planes de trabajo por los órganos de impartición de justicia de cada Apartado de la AMIJ.
Quienes integramos el Comité de Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas, estamos conscientes de que la transversalización de la perspectiva de género en la judicatura del Estado mexicano, así como en el cumplimiento a la obligación constitucional y convencional de los órganos jurisdiccionales, en el acceso de las mujeres a la justicia, es una tarea permanente, mantener un paso sostenido en el cumplimiento del Pacto Nacional por la Justicia de Género coadyuvan para tal fin.
Les invito a conocer el Pacto y las actividades que en esa ruta desarrolla la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.
Desde los órganos de impartición de justicia podemos lograr grandes cambios, sentencias que protejan en cada caso los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, sentencias que logren transformar una realidad de discriminación y violencia. En ello empeñamos nuestros esfuerzos y el Pacto es uno de ellos.
El Pacto Nacional por la Justicia de Género, es un Pacto entre todas y todos por la igualdad.
Doctora Yasmín Esquivel Mossa
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Ciudad de México, febrero de 2024.
[1] Debido a las reformas estatales, los Tribunales Administrativos de las 4 entidades restantes se encuentran incorporadas al Poder Judicial de los Estados y uno más envió sus resultados posteriores al cierre de la etapa de recolección.
[2] Apartado XI. Los órganos jurisdiccionales de Durango Chiapas y Sonora están integradas a una sala del Tribunal Administrativo perteneciente al Poder Judicial y en el caso de la Ciudad de México, es competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
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